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Por: Dra. Juditas Delany Torrealba Dugarte
CONFORME A LA LEY PARA LA REGULARIZACION Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Entre (nombre y apellido), (nacionalidad), mayor de edad, (estado civil), (profesión u oficio), titular de la cédula de identidad número ___________,
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Dra. Juditas Delany Torrealba Dugarte
Con la entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV) en fecha 12 de noviembre de 2011 publicado en Gaceta Oficial 6053 Extraordinaria y su reglamento (RLRCAV) establecido según decreto presidencial 8857 de la misma fecha se suscito un interesante redimensionamiento de lo que la materia contractual arrendaticia señalaba dado que la ley desnaturalizando la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad contractual aspectos característicos del Derecho Privado, establece nociones interesantes, algunas engorrosas y otras tanto novedosas en esta materia que se analizarán a continuación como son:
a) La separación definitiva entre los contratos de arrendamiento y sub arrendamiento de vivienda respecto a otros inmuebles:
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Dirección de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda:
Urbanización Las Mercedes, calle Orinoco con Av. Principal de Las Mercedes, diagonal a Centro Comercial Paseo Las Mercedes, Municipio Baruta, Caracas
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En la Dirección de Inquilinato en Caracas se encuentra públicado un cartel suscrito por "Abg. Carmen Morantes" que es del tenor siguiente:
"SE LE INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL QUE POR REESTRUCTURACION INTERNA DEL ORGANISMO LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA NO
PRESTARÁ SERVICIO AL PÚBLICO HASTA NUEVO AVISO"
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CIUDADANO:
PRESIDENTE Y DEMAS MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SU DESPACHO.-
Nosotros, RAIMUNDO ORTA POLEO, RAYMOND ORTA MARTINEZ, ROBERTO ORTA MARTINEZ, CARLOS CALANCHE E IRENE MORILLO LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicios, domiciliados en la ciudad de Caracas, procediendo en este acto en ejercicio de nuestros propios derechos, entre ellos los que nos otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 20 y 51, con fundamento en el interés legítimo que nos confiere nuestra condición de ciudadanos venezolanos por nacimiento y nuestra profesión de abogados, condiciones estas que nos impone simultáneamente el derecho y la obligación de la defensa de las instituciones jurídicas,
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