VII Jornadas Continuas de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales - CURAÇAO
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El Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros plantea en su anteproyecto de reforma del Código Penal (www.tsj.gov.ve/misceláneas) la incorporación en dicho instrumento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, situación que, hasta ahora ha sido limitada a la responsabilidad de las persona naturales, de acuerdo al Código Penal vigente. Excepto lo que han establecido algunas leyes especiales, por lo que existe una contradicción evidente que debe resolverse.

La propuesta consiste en que la excepción se convertiría en regla, en el supuesto de que esta idea prosperase. Así las cosas, empresas, fundaciones, ONG´s, sindicatos, partidos políticos y cualquier forma de asociación legal deben acomodar su conducta y procedimientos, de manera que no incurra en alguno de los supuestos delictivos que el anteproyecto prevé.

En realidad, algunos de los modernos Códigos Penales de la tradición jurídica napoleónica han venido aceptando que las personas jurídicas, salvo el Estado, sean consideradas responsables penalmente siempre y cuando la conducta prohibida sea producida por sus medios de decisión y se trate de un hecho que se ejecute en su beneficio directo. En tal supuesto, la responsabilidad individual de los administradores culpables es independiente.

El caso del Código Penal francés es el más notable, debido a que desde 1810 se había excluido esta posibilidad. En 1992 se modificó radicalmente este asunto y se aceptó. Pero fue tan importante el cambio que se dio una vacatio legis de 2 años, a los fines de hacer los necesarios correctivos los afectados por dicha norma.

En el anteproyecto se establecen penas tales como la disolución de la persona jurídica o la suspensión de actividades hasta por 10 años, entre otras. Pienso que la disolución y la suspensión de actividades de una persona jurídica es una especie de “condena a muerte”, por eso no comparto la propuesta. Me parece draconiana.

A todo evento, es necesario ser muy cuidadoso con el tema debido a que se trata de una intervención en el derecho de asociación, que es esencial de la condición humana y un derecho humano reconocido constitucionalmente y en Tratados Internacionales. Por eso, es necesario deslindar el tipo de personas jurídicas lícitas, con un desempeño ceñido a las leyes y las que son, por el contrario, de tipo ilícito, como las bandas, mafias, pandillas, etc. y que se dedican al terrorismo, tráfico de drogas y en general a cometer delitos, las que si son desde todo punto de vista, sancionables.

En fin, se abre un debate muy estimulante, el cual creo que requiere de una amplia difusión y profundidad, para discutir todos estos temas. La modernización de la legislación penal depende de ello, por lo que es necesario ser prudente a la hora de decidir.

Fernando M. Fernández

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